La Ley N° 20.920, mejor conocida como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es una normativa marco establece la obligación de gestionar residuos y fomentar el reciclaje por parte de los productores de ciertos materiales contaminantes. Esta importante legislación medioambiental ve la luz en mayo de 2016 y su implementación obligatoria de metas rige desde 2023.

Precisamente para celebrar los primeros 10 años desde la promulgación de esta legislación, la consultora Ambidextro Economía Circular y País Circular reunieron a un amplio panel de expertos para evaluar el nivel de avance, efectividad, brechas y desafíos del sistema de dicho cuerpo legal. La profesora de la Escuela de Administración UC es una de las personas consultadas en este estudio. Razón por la cual fue invitada a comentar sobre sus resultados en el conversatorio “10 años de la ley REP: Resultados del Primer Panel de Expertos”, junto con la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo y el consultor internacional REP, Guillermo González.

Los principales hallazgos de esta investigación fueron la necesidad de reforzar la educación y la correcta comunicación de esta normativa, así como la necesidad de avanzar en fiscalización, trazabilidad, agilidad. Al respecto, la docente fue clara en señalar que el reciclaje por sí solo no es suficiente: “La ley REP nace con el objetivo de prevenir la generación de residuos, es importante mantener allí el foco para dejar de desperdiciar recursos, perdida que hoy se calcula en 25 trillones de euros por año, y poder tener un impacto importante en los próximos 10 años de la ley. El foco debe ser en el  rediseño de modelos de negocio para que las empresas ahorren costos en la medida que eliminan empaques o cambian su materialidad, y se posicionen con los productos que realmente quieren los consumidores, productos limpios y sin residuos. Para ello es importante generar información de impactos económicos y ambientales que permita diseñar incentivos a lo durable, reparable y a quienes eviten residuos a través de mecanismos como la ecomodulación. El esfuerzo del reciclaje tiene que venir desde esa narrativa y debe ser específico a los nichos donde es realmente deseable”.

Pabón enfatizó que la tarea es grande, luego, hay que entender desde dónde abordarla de mejor manera: “Hay una responsabilidad gigante que va más allá de la primera derivada de saber cuántas toneladas estoy recuperando, tenemos que identificar para qué las estamos recuperando, dónde van a ir, qué nuevos impactos producen y a qué costo económico, social y ambiental se recuperan, para así identificar los materiales que realmente merecen la pena recuperar porque son inocuos, fáciles de valorizar y ya tienen un valor de mercado, por ejemplo metales y papel/cartón, y cuáles merece la pena dejar atrás porque su gestión es dificil, costosa y contaminante y allí ayudarle a los negocios a que los eliminen y migren a mejores materiales”.

En la misma línea, la académica concluyó que el trabajo de comunicación y educación del que hablan las conclusiones del estudio deben aunar fuerzas desde un punto de partida distinto: “Creo que más que tratar de convencer al final de la tubería, hay que empezar a generar los mecanismos para que sea fácil comprar a granel, que existan más puntos de rellenos para botellas de agua, todo eso educa al consumidor final y le muestra que hay un esfuerzo coherente desde el gobernó y las empresas. Hay muchos lugares de intervención que se alinean con esta visión como los supermercados, las universidades, en estos lugares se educa desde la compra consciente. El esfuerzo del reciclaje tiene que venir desde esa narrativa del consumo sostenible donde un consumidor ya consciente que quiere ser participe del cambio aporta la última milla con el reciclaje y no siente que es solo un esfuerzo aislado que no resuelve el fondo. La juventud que es más consciente respecto de lo comen o lo que compran es nuestro mejor aliado”.

Otras visiones

Por su parte, Francisca Toledo, hoy responsable de la cartera del Medioambiente en el Gobierno dijo que “Dados los resultados expuestos, podemos constatar que la regulación está llegando muy lento a las dinámicas de mercado. Si pensamos en una economía circular, que tiene muchas modificaciones y le sumamos innovación, el Estado no puede ser la piedra de tope de que esto funcione. En ese sentido tomamos la posta y asumimos esa responsabilidad. Si queremos que la ley se instale bien, requiere de mayor agilidad”.

Mientras, Guillermo González, otrora jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medioambiente y consultor experto en la Ley REP se refirió la relevancia de estos estudios en la vida útil de grandes proyectos como estos: “Si a esta ley le va bien, a Chile le va bien. Pero entendemos que esto es como una maratón. Donde, cada cierto tiempo el corredor o la corredora tiene que bajar el ritmo para tomarse el pulso. Eso estamos haciendo acá. Reflexionar sobre lo que ha pasado desde su implementación es súper necesario para saber cómo seguir avanzando y dónde ir ajustando las piezas. Muchas de las percepciones recogidas eran bastante esperables, sin embargo, sorprende saber que el diseño regulatorio es visto como adecuado. Esto no se da siempre en otros países que han implementado estas normativas y eso muy positivo”.