El paper del académico de la Escuela de Administración UC y publicado en Review of Financial Studies, analiza cómo una herramienta legal que permitía reducir la deuda hipotecaria en tribunales de bancarrota de EE.UU. logró disminuir las ejecuciones hipotecarias en cerca de 27 puntos porcentuales, con lecciones relevantes para el diseño de políticas de alivio habitacional en contextos de crisis.

Una investigación de Carlos Parra, académico de la Escuela de Administración UC, muestra que reducir el monto adeudado de un crédito hipotecario puede disminuir las ejecuciones hipotecarias en cerca de 27 puntos porcentuales, un hallazgo con implicancias directas para el diseño de políticas de alivio habitacional en contextos de crisis. 

El estudio, publicado en Review of Financial Studies —una de las revistas más prestigiosas en finanzas a nivel mundial—, fue coescrito junto a Jacelly Cespedes (University of Minnesota) y Clemens Sialm (University of Texas at Austin y NBER). Los autores analizaron una herramienta legal conocida como mortgage cramdown, que entre 1981 y 1993 permitió a ciertos tribunales de bancarrota en Estados Unidos reducir la porción de la deuda hipotecaria que excedía el valor de la vivienda.

«El principal hallazgo es que reducir el principal de una hipoteca puede disminuir significativamente el riesgo de que una familia pierda su vivienda», explica Parra. «Muchas familias no solo enfrentan un problema de liquidez de corto plazo, sino también de incentivos: si están muy underwater —es decir, si deben mucho más de lo que vale su casa—, no tienen muchos incentivos para seguir pagando su deuda».

Para medir el efecto causal de esta política, los investigadores combinaron dos fuentes de variación. Por un lado, aprovecharon que los casos de bancarrota se asignan aleatoriamente a jueces con distintos grados de severidad dentro de una misma oficina judicial, lo que permite comparar familias similares expuestas a decisiones diferentes. Por otro lado, utilizaron la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que en 1993 prohibió el cramdown hipotecario en todo el país. «Al comparar lo que ocurría antes y después de esa decisión, y también entre tribunales que permitían y no permitían esta práctica, podemos aislar el efecto de reducir la deuda hipotecaria», señala Parra.

Los resultados muestran que cuando el cramdown estaba disponible, la protección de bancarrota reducía las ejecuciones hipotecarias en cerca de 27 puntos porcentuales. Tras la prohibición de la Corte Suprema, ese efecto cayó a alrededor de 10 puntos. Además, los beneficios fueron especialmente pronunciados en zonas donde los precios de la vivienda habían caído, es decir, donde era más probable que los hogares estuvieran en situación de patrimonio negativo.

¿Podría una herramienta similar ser útil hoy en otros contextos? Parra cree que sí, aunque con matices. «En países donde una caída en los precios de la vivienda deja a muchos hogares debiendo más de lo que vale su casa, políticas que solo bajan la cuota o facilitan el refinanciamiento pueden no ser suficientes, porque no corrigen el problema de fondo del sobreendeudamiento», afirma. «No es una política gratis y requiere un diseño cuidadoso: debe estar bien focalizada, con reglas claras y considerando sus efectos sobre el mercado de crédito».

De hecho, los autores estiman que si esta herramienta hubiera estado disponible en Estados Unidos durante la Gran Recesión de 2007-2009, se podrían haber evitado del orden de medio millón de ejecuciones hipotecarias.