Por Andrés Osorio, Ingeniero Comercial UC – Generación 2007, Gerente de Análisis Microeconómico, Econsult

Habrá que ser creativos para buscar caminos de reactivación en Chile, dado el limitado espacio para aplicar las herramientas tradicionales. Por el lado fiscal, las proyecciones apuntan a uno de los mayores déficits fiscales del último medio siglo, con una deuda que se encamina a superar el 40% del PIB el año 2024, mientras que, por el lado monetario, el Banco Central ya ha llevado su tasa de referencia al mínimo técnico. Todo esto, en un contexto de una probable discusión constitucional durante los próximos años, que podría mantener disparada la incertidumbre. 

Una herramienta adicional que potenciaría nuestro crecimiento es la simplificación regulatoria. Este es un camino que ya fue recorrido con éxito en países como Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Esta política se hace más necesaria aún en tiempos de crisis, dada la relación negativa entre la carga regulatoria y la capacidad de un país de recuperarse de un shock económico. Mientras menos compleja sea la regulación existente, será menos engorroso relocalizar en nuevos empleos a quienes pierdan su trabajo, más rápida fluirá la inversión hacia aquellas industrias que sean más atractivas, y será más fácil realizar colaboraciones público-privadas para proyectos de reactivación. Un ambiente regulatorio simple ayuda a adecuar más fácilmente las normativas a los constante cambios tecnológicos, con el consecuente beneficio para la población. Esta simplificación no implica reglas más laxas, sino que permite conocer las reglas del juego con mayor claridad y certeza, y eliminar los baches innecesarios del camino.

En nuestro país, a pesar de los esfuerzos recientes, la realidad se aleja del ideal. Las cifras agregadas hablan por sí solas: Chile es el segundo país con mayor complejidad regulatoria dentro de los países OCDE de acuerdo con los indicadores PMR 2018 y actualmente existen más de 300.000 regulaciones en el país. En términos individuales, es posible encontrar múltiples ejemplos, como los casi 400 días de tramitación para registrar un medicamento por el procedimiento ordinario, o los cerca de 3.000 permisos que se requieren para tramitar un proyecto de exploración minera. 

Los diagnósticos para revertir esta situación en Chile, e incluso algunas recetas, ya han sido entregados en los últimos años. Basta con revisar las más de 300 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Productividad, las 600 medidas del catastro de mejoras regulatorias de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, las 109 propuestas de la CPC para mejorar la productividad, solo por nombrar algunas. Si son necesarias más ideas, se podría adaptar el Red Tape Challenge realizado en Reino Unido, donde luego de que el gobierno invitará a los ciudadanos y empresas a desafiar con mejorar regulaciones en diferentes áreas, se implementaron 1320 eliminaciones o mejoras regulatorias al cabo de tres años.

En los últimos gobiernos se han logrado avances en la simplificación regulatoria, destacando los informes de productividad (renombrados como informes de impacto regulatorio) y la creación de la Comisión Nacional de Productividad, la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, y la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, pero aún queda mucho camino por recorrer. En años futuros donde se ve difícil un mayor estímulo fiscal y monetario, una generalizada simplificación regulatoria puede ser un gatillante para lograr un mayor crecimiento.