En un webinar organizado por la Facultad de Economía y Administración UC, los profesores, Salvador Valdés del Instituto de Economía UC, Eduardo Walker, de la Escuela de Administración UC, Rodrigo Valdés de la Escuela de Gobierno UC y Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP de Chile abordaron aspectos claves que sería necesario analizar y modificar del sistema previsional chileno.

Hace unas semanas el gobierno anunció una serie de medidas para modificar el actual sistema de pensiones en Chile. Así por ejemplo se propuso ampliar el Pilar Solidario, pasando del 60% al 80% de la población. Junto con esto, también se aumentaría el porcentaje de cotización en un 6%, monto adicional que sería administrado por una nueva entidad pública. Además, un 3% iría a cuentas personales de AFP de cada trabajador, mientras que el otro 3% sería un ahorro colectivo.

¿Es suficiente esta propuesta? ¿Mejorará las pensiones de los chilenos? Eso es parte de lo que analizó recientemente un grupo de expertos en el seminario “Pensiones en Chile: análisis y modificaciones al sistema”, donde abordaron la reforma en discusión desde diversas aristas.

“Tenemos 2 retos: aumentar las pensiones ahora y mejorar las pensiones a largo plazo”. Así es como Alejandra Cox comenzó su exposición en este seminario online, donde hizo hincapié en la importancia de un sistema que se base en el ahorro individual de cada trabajador y, además, explicó su propuesta de reforma asociada a la implementación de una Pensión Básica Universal (PBU). Esta última reemplazaría la Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte Previsional Solidario (APS), que hoy cubre al 60% más pobre de la población.

“Es una reforma importante al sistema, no es un detalle. Lo mejora en términos de eficiencia, permite transferencias inmediatas. Dado lo que tenemos, es una buena manera de llegar a la clase media, conversa con el ahorro obligatorio, simplifica, se gana en eficiencia que es importante para el crecimiento y aumento de los salarios, cuesta más de lo que hoy cuesta APS Y PBS, pero menos que la opción del gobierno que se financia con el 2,8% de cotización”, señaló Cox.

“Creemos que lo clave aquí es que, si hay más ahorro obligatorio, las personas tengan libertad de elección, que haya nuevas instituciones, en igual condiciones protegiendo al ahorro de las personas. La competencia es importante y ha sido parte del desarrollo de esta industria”, concluyó Alejandra.

Posteriormente, Salvador Valdés abordó las implicancias que la reforma al sistema de pensiones puede implicar al mercado laboral y a las empresas. En primer lugar, analizó las causas principales de que las pensiones sean bajas en Chile. “En promedio, las personas están cotizando menos de la mitad de su carrera laboral que dura 45 años. El consenso de la OIT es que el compromiso de proveer una pensión completa solo debe ser para el trabajador que reúna 30 años de cotización. Ese es nuestro principal problema”, enfatizó y agregó: “hay cero fiscalización estatal de la obligación de cotizar en Chile. Además, hay numerosas exenciones legales que siguen vigentes y las autoridades no hacen propuestas de fiscalización”.

¿Cuál sería la solución entonces? “Más pensiones no contributivas. Sin embargo, en diciembre de 2019 se subieron un 50%, una cifra muy grande. Se llegó al borde de la inviabilidad fiscal”, comentó Valdés y destacó que actualmente las pensiones no contributivas en Chile son mayores que en Alemania, España, Japón, entre otros, como proporción del salario mediano. A esto se suma el costo que tendrá para el Estado este tipo de aportes, si se considera el veloz envejecimiento de la población.

De esta manera, y con el fin de buscar propuestas y soluciones Valdés destacó que es preferible legislar sobre esta materia en 2022, una vez que haya pasado el año electoral, donde exista prioridad para revivir el crecimiento futuro del empleo formal, haya más fiscalización para que aquellos independientes coticen y se inicien los aumentos de la edad de inicio de pensión según escolaridad.

Luego de la exposición de Salvador Valdés, fue el turno de Rodrigo Valdés, quien analizó los eventuales financiamientos de la reforma, cuál sería la carga fiscal para el Estado y la sostenibilidad en el tiempo.

“Estamos dando pasos muy irresponsables con lo que se está proponiendo hoy”, sentenció y afirmó que la expansión del Pilar Solidario, anunciada hace unas semanas, luego de haberlo aumentado en un 50% en sus beneficios hace un año es un “iceberg” ¿Por qué? “De la fuente de financiamiento, el Gobierno ha argumentado que tendríamos holguras más adelante ¿qué son estas holguras? Son proyecciones de diferencias de ingresos y gastos. Resulta que los gastos que se proyectan, suponen que los salarios públicos no tienen ajustes reales, y así un listado de cosas que nunca se han cumplido. Es una forma de discutir política fiscal que de sopetón abandonamos el balance estructural como nuestra guía. Es una política de una magnitud muy grande, mal diseñada”, señaló el académico de la Escuela de Gobierno.

En esa línea, y respecto a la propuesta del Gobierno donde se incorpora el reparto, el académico fue enfático en pensar en un diseño justo y eficiente, y que se analice de manera urgente lo que se está proponiendo actualmente.

Finalmente, Eduardo Walker abordó reformas financieras que serían necesarias para el sistema. “Queremos mejorar las pensiones, pero tenemos que considerar un montón de restricciones. Alguien tiene que ahorrar más, tenemos que limitar el riesgo asumido con la inversión del stock de ahorros, tanto para el sistema de AFP para este 3% o 6%. Tenemos que acotar los efectos indeseados sobre el mercado formal del trabajo. Tenemos que evitar la pobreza en la vejez, que la carga fiscal sea razonable”, señaló.

Junto con lo anterior, destacó que el analfabetismo financiero, la complejidad del sistema actual y los procesos políticos deficientes, están llevando a un panorama complejo.

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