Por Hermann González B. Ingeniero Comercial UC generación 1997. Actualmente es coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC) y profesor del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hasta enero de 2020 fue coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Anteriormente, se desempeñó como Economista Principal del Banco BBVA en Chile (2013-2018), período durante el cual también fue miembro del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente. Entre 2012 y 2013 fue coordinador macroeconómico de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y antes se desempeñó tanto en la empresa consultora Zahler & Co., como en la División de Estudios del Banco Central de Chile (2004-2008).

Cuando hablamos de Chile y de sus fortalezas económicas, la situación fiscal ocupa un lugar destacado. El manejo fiscal responsable que ha tenido nuestro país por décadas es parte esencial del marco de política económica que incluye también un Banco Central autónomo, cuyos objetivos son la estabilidad de precios y financiera; un régimen de flotación cambiaria y un sistema financiero bien capitalizado, regulado y supervisado. 

Este eje de nuestro marco de política económica tiene su origen en la regla de balance estructural vigente desde el año 2001, cuya institucionalidad se reforzó con la ley de responsabilidad fiscal del año 2006 y el año pasado con la creación por ley del Consejo Fiscal Autónomo. En términos simples, la regla fiscal define el nivel de gasto público de un año en función de parámetros de largo plazo (PIB tendencial y precio de referencia del cobre) que proveen expertos externos e independientes. Es precisamente este esquema el que nos permitió ahorrar en los años del súper ciclo del precio del cobre y tener recursos para enfrentar las crisis de la última década. 

El gobierno respondió a la crisis del año 2009 con una fuerte expansión fiscal que financió principalmente con el uso de US$ 9 mil millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). El gasto público creció 16% real y se incumplió la meta fiscal, generándose un déficit estructural de 3,1% del PIB. Ese año marcó el inicio de un período de paulatino deterioro de los indicadores fiscales. 

Si el año 2008 Chile tenía una deuda bruta equivalente a 5% del PIB, el año 2019 la deuda alcanzaba 28% del PIB y las proyecciones vigentes apuntan a que subirá a 43% del PIB en 2022. ¿Qué pasó en estos años? Además de la crisis de 2009, en algunos años se gastó más de lo que permitía la meta de balance estructural, sin mediar crisis alguna. En segundo lugar, se descuidó el crecimiento económico, que es la principal fuente de ingresos fiscales y, por último, enfrentamos dos crisis en un período muy corto de tiempo, que han demandado más gasto y han golpeado con fuerza a la actividad económica. El primer shock ocurrió a partir de octubre del año pasado y el segundo es la pandemia del Covid-19. 

Tras la crisis del 18-O el gobierno anunció medidas de mayor gasto permanente, como el aumento de las pensiones solidarias, y un plan fiscal por US$ 5.500 millones. Luego, para enfrentar la pandemia, en una primera instancia se anunciaron medidas por US$ 17 mil millones y, hace pocos días, se logró un acuerdo por US$ 12 mil millones adicionales para los próximos 24 meses, con lo que la respuesta total de la política fiscal hasta el momento totaliza US$ 29 mil millones o cerca de 12% del PIB. Este año tendremos un déficit fiscal del orden de 10% del PIB, el mayor desde 1972 y en los próximos dos años habremos usado todos los ahorros disponibles en el FEES.  

La magnitud de la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales requieren una respuesta sin precedentes como la que se está implementando, pero pasada esta crisis tendremos un desafío fiscal muy significativo. Le corresponderá al próximo gobierno liderar un proceso de consolidación fiscal, para volver a poner las cuentas públicas en una trayectoria sostenible. Esto implicará recortar gastos no esenciales, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y tomar medidas que permitan recuperar el crecimiento económico. 

Adicionalmente, será necesario fortalecer el marco fiscal vigente, considerando medidas como incorporar en la ley los objetivos fiscales, incluir límites al endeudamiento público y establecer cláusulas de escape y reglas de consolidación claras. Si no hacemos estos cambios, veremos un deterioro de nuestra clasificación crediticia, con el consiguiente aumento del costo financiero para el gobierno, las familias y las empresas. Pero también debemos ordenar las cuentas fiscales porque esa es la única forma de garantizar el financiamiento sostenible del gasto social. El desafío no es fácil, pero es necesario y debe ser prioritario.