calendar_month Publicación: 01/07/2020
Autor: Martín Coloma, Sandra Cortés, Humberto Jiménez, María de los Ángeles Morandé, Nicolás Muñoz, Hugo Silva, José Tessada
El impacto directo del Covid-19 y de las medidas adoptadas para contenerlo se ha traducido en la destrucción de ciertos empleos o negocios, mientras otros han quedado “congelados” o “semicongelados”. En Chile, una encuesta a empresas de la Región Metropolitana -la más afectada por la expansión del Covid-19 y que ha tenido mayores tiempos de confinamiento- muestra que el 20% de ellas debió paralizar completamente y el 54% opera con dificultades significativas, las que se relacionan, en parte, con las restricciones que imponen las medidas de contención y distanciamiento implementadas.
Con el fin de informar la toma de decisiones en esta materia, en este documento se presenta un análisis de las ocupaciones y sectores económicos respecto a sus niveles de exposición, riesgo de contagio y posibilidades de realizar trabajo remoto y automatización. Luego, se discuten las condiciones para la reapertura, donde se incluye una revisión de los protocolos existentes a nivel internacional y nacional para la prevención del Covid-19 en los lugares de trabajo y se dan a conocer los resultados de un ejercicio cuyo fin fue estimar la inversión mensual necesaria para la implementación de dichas medidas en diferentes tipos de empresas en Chile. Junto con ello, se plantean algunas reflexiones respecto al transporte en las ciudades, el cual debiera contar con las condiciones para que las personas puedan desplazarse hacia sus lugares de trabajo minimizando los riesgos de contagio.
Este documento forma parte de un trabajo más amplio, realizado entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y un grupo de académicos de la universidad, el cual incluye otro artículo que plantea propuestas de intervención directa en el mercado laboral para fomentar la reactivación económica, y que se propone como base para una discusión de política económica para los próximos 12 a 24 meses.
Fuente: Centro de Políticas Públicas