El Mercurio publicó columna de académicos del Instituto de Economía y de la Escuela de Administración acerca de la reforma educacional universitaria.

Como a muchos, nos preocupa en extremo el impacto que la reforma educacional tendrá sobre el sistema universitario chileno. A continuación planteamos algunas razones de por qué creemos que la propuesta Gratuidad 2016 llevará al sistema en la dirección equivocada.

Inevitablemente, el acceso al sistema comienza con la restricción del número de plazas disponibles para estudiar. Por mucho que se quiera imponer desde arriba, el número de profesores, la infraestructura y los recursos son limitados. Dado eso, como sociedad queremos que los alumnos con más capacidad para cada profesión accedan a esas plazas, independiente de su realidad socioeconómica. Es decir, como sociedad ni queremos acceso ilimitado ni queremos acceso excesivamente restringido. Sin embargo, la actual propuesta genera demanda excesiva por acceso porque fuerza a todos a pagar por los beneficios privados de los títulos universitarios.

Adicionalmente, la propuesta genera una oferta de acceso deficiente, porque un arancel de referencia promedio, así como la cobertura de estudios por tiempo limitado, dejará a las universidades en situación financiera deficitaria.

Un sistema universitario debe ser representativo de la heterogeneidad de valores y pensamientos de una sociedad. Contrario a esta lógica, hay quienes cuestionan la conveniencia de un sistema universitario mixto en donde coexisten universidades públicas no estatales, como las universidades Católica, de Concepción y Federico Santa María. Sin embargo, en el más puro entendimiento de lo que son externalidades positivas, por décadas estas universidades (G9) han aportado significativamente a Chile en generación de conocimiento (32.678 publicaciones, 51% del CRUCh 2000-14; 4.525 Fondecyt, 49% del CRUCh 2012-14), amparo de científicos y pensadores (82 profesores UC han recibido premios nacionales), conducción del país (tres Presidentes, decenas de ministros y cientos de funcionarios públicos) y aumento en calidad de vida (cientos de proyectos que incluyen seguridad antisísmica, tratamiento de enfermedades y potenciamiento regional, entre otros).

Nos preocupa que la restricción en la autonomía de las universidades pueda reducir significativamente sus capacidades de generar externalidades positivas para Chile.

Con excepción de 2014, en los últimos cinco años dos universidades chilenas se han ubicado entre las cinco mejores de Latinoamérica. En términos de reputación, así como de calidad del profesorado e investigación, los sistemas universitarios de Brasil y Chile son los mejores de la región. Aún más revelador, mientras en 2009 las universidades de Chile y Católica se ubicaban en los puestos 343 y 277 de mundo (QS), en 2015 están en el 209 y 170, respectivamente.

Es decir, en los últimos años la calidad de las universidades chilenas ha aumentado significativamente, y para lograrlo se ha requerido de mucho tiempo y esfuerzo. Parece un despilfarro que la obsesión por ofrecer gratuidad pueda llevar a la pérdida de los estándares de calidad que ha alcanzado el sistema universitario chileno en el último tiempo.

Es cierto que sin arriesgarse no se cambian las cosas, pero también es cierto que el costo de una mala reforma universitaria puede ser brutal. Una posibilidad es que dentro de 10 años Chile tenga un sistema universitario mixto, más inclusivo y líder en calidad dentro de la región. Otra posibilidad es que dentro de 10 años Chile tenga un sistema polarizado, masivo pero segregado y de significativa menor calidad de la que tenemos hoy. Esta diferencia de realidades debería ser suficiente aliciente para esforzarnos al máximo en implementar una reforma, si bien innovadora, por sobre todo inteligente.

Juan Pablo Montero
Borja Larraín
Álvaro Bustos
Joaquín Poblete